La ampliación de la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri contiene datos sobre el envío de “material bélico” a Bolivia en la crisis de 2019

La Fuerza Aérea Argentina tenía conocimiento del envío de los 70.000 pertrechos antitumulto a Bolivia en noviembre de 2019. El grupo de élite argentino Alacran que llegó a La Paz le hizo saber vía nota oficial del material “extra” que transportaba y que era usado para enfrentar alteraciones del orden público.

El dato se encuentra en la ampliación de la demanda presentada por autoridades del gobierno de Alberto Fernández contra el expresidente Mauricio Macri y otras exautoridades por delitos como contrabando agravado debido al envío del “material bélico” a la administración de la expresidenta Jeanine Áñez, quien tomó el poder a dos días de la dimisión de Evo Morales en medio de una crisis.

El jefe del Grupo «Alacrán» de la Gendarmería, Fabián Manuel Salas, envió una nota a la Fuerza Aérea Argentina para hacerle conocer que añadía a la carga del vuelo los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano, reveló la agencia Télam.

«Esta nota evidencia que el ministro de Defensa tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado. Y el hecho de que esa información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, ´el vuelo fue ordenado por el entonces ministro de Defensa (Oscar Aguad) en forma verbal´», según se establece en la denuncia.

Los 70.000 cartuchos, 100 spray de gas lacrimógeno, 61 granadas de gas de hostigamiento (CN), 160 granadas de gas hostigamiento (CS) y 360 granas de gas (HC) formarían parte, según la denuncia en Argentina, de un envío “extra” al equipamiento requerido el 11 de noviembre, entre ellos armamento letal y no letal.

El ministro de Defensa argentino Agustín Rossi reveló que el vuelo del avión militar C-130 con “material bélico” con destino a Bolivia debía partir al mediodía del 12 de noviembre de 2019, pero se demoró por cerca de 12 horas debido a la solicitud de carga de 70.000 pertrechos antitumulto. Dijo que solo Macri pudo haber tomado la decisión de envío.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó en reiteradas ocasiones que desde Argentina se internó a Bolivia, en medio de la crisis política del 2019, pertrechos y armamento de forma legal e irregular. Las 70.000 unidades puestas en cuestión no tienen, según aseguró, un respaldo de ingreso y autorización documentado.

Áñez tomó el poder el 12 de noviembre y la madrugada del 13 llegó el avión argentino con los pertrechos y el grupo de élite Alacran. Al momento se conoce que 26.900 cartuchos están en depósitos de la Policía y otro tanto habría sido destinado a la Fuerza Aérea Boliviana, mientras que de otro lote (más de 3.000) no se conoce su destino.

Una carta de agradecimiento del excomandante de la FAB Gonzalo Terceros al exembajador Normando Álvarez develó el envío de material al gobierno de Áñez. Ecuador, en el gobierno de Lenin Moreno, hizo lo mismo. Terceros se encuentra en la cárcel por el caso “golpe de Estado”.

También se denunció la supuesta presencia del comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, en la pista de aterrizaje del El Alto, Bolivia, la madrugada en la que llegó el Hércules C-130 con los pertrechos bélicos y los Alacranes, el 13 de noviembre de 2019.

Caliba informó vía comunicación oficial, enviado el 17 de noviembre, al entonces director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo José Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde «el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock», reportó Télam según surge de la denuncia.

El Congreso argentino, vía la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia, también investiga si hubo espías argentinos que colaboraron en la crisis de 2019.

En Bolivia, la Fiscalía abrió un proceso.

Fuente: La Razón